El bloque gremial cuestionó al Ejecutivo provincial por la falta de paritarias, reclamó recomposición salarial y sostuvo que el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores estatales.
El Frente Sindical Santa Cruz difundió un duro comunicado en respuesta a recientes declaraciones del gobernador Claudio Vidal, quien había señalado públicamente que existen sectores que no lo dejan gobernar. Desde el espacio sindical rechazaron esa postura y aseguraron que la situación actual de la provincia es consecuencia de decisiones adoptadas por el propio Ejecutivo.
El pronunciamiento fue dado a conocer en Río Gallegos y rápidamente se instaló en el debate político y gremial provincial por el tono directo de sus cuestionamientos.
En el inicio del documento, el frente sindical sostuvo que el mandatario provincial debe asumir las responsabilidades propias de su gestión y dejar de atribuir a terceros el escenario económico y social que atraviesa Santa Cruz.
Los gremios remarcaron que, a casi dos años de gestión, el Gobierno ya tuvo tiempo suficiente para definir prioridades y asumir el costo político de sus decisiones.
Uno de los ejes centrales del comunicado fue la situación salarial de los trabajadores estatales, donde el bloque sindical insistió en que desde hace meses se vienen reclamando paritarias abiertas, recomposición salarial y cumplimiento efectivo de acuerdos previos.
Según expresaron, la respuesta oficial fue la postergación permanente de las negociaciones y la dilación de discusiones consideradas urgentes por distintos sectores laborales.
Desde el frente también cuestionaron decisiones presupuestarias recientes, señalando que mientras se argumenta falta de recursos para mejorar salarios, sí existieron fondos para otras definiciones administrativas y políticas.
En ese marco, recordaron la incorporación en el Presupuesto 2026 de un artículo destinado a cubrir parte de remuneraciones para nuevos vocales, iniciativa que posteriormente fue observada judicialmente.
El bloque sindical sostuvo además que hubo recursos para reorganizaciones internas dentro de ministerios y para la creación de nuevas estructuras administrativas, mencionando especialmente áreas vinculadas a energía y minería.
A partir de allí, plantearon que el debate no pasa exclusivamente por la disponibilidad financiera sino por las prioridades que fija el Ejecutivo sobre el destino de los fondos públicos.
En otro tramo del documento, los gremios se refirieron al argumento oficial sobre el déficit provincial y remarcaron que el propio presupuesto reconoce mecanismos de financiamiento, endeudamiento y recepción de fondos nacionales que deberán devolverse.
Para el frente sindical, el problema aparece cuando se trata de salarios, donde consideran que prevalece una lógica restrictiva que limita toda posibilidad de mejora real en los ingresos.
También manifestaron preocupación ante una eventual ley de emergencia, al considerar que podría transformarse en una herramienta para congelar discusiones salariales y establecer límites a futuras recomposiciones.
El comunicado además enumeró sectores que —según denunciaron— continúan sin respuestas concretas, entre ellos trabajadores de salud, educación, vialidad, seguridad y justicia.
En el caso del Poder Judicial, señalaron incumplimientos en pagos previamente acordados, mientras que también incluyeron en el reclamo a trabajadores nacionales con funciones en la provincia, como personal de INTA, ANSES y universidades.
Sobre el final, el bloque rechazó de manera tajante cualquier acusación de desestabilización política y sostuvo que la unidad gremial continuará reclamando frente a medidas que consideran perjudiciales para el sector trabajador.
Finalmente, el documento cerró con un mensaje directo al gobernador: asumir los problemas provinciales sin trasladar el costo de la crisis a quienes dependen de un salario estatal.
