El intendente de Río Gallegos negó haber pedido fondos a cambio de votos, cuestionó el endeudamiento por 600 millones de dólares y acusó al gobernador de concentrar recursos mientras la provincia atraviesa conflictos en seguridad, salud y educación.
La disputa política entre el Gobierno de Santa Cruz y los intendentes volvió a escalar. En una entrevista concedida a FM News, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, respondió con dureza a las declaraciones del gobernador Claudio Vidal, quien había deslizado que algunos jefes comunales habrían solicitado recursos económicos a cambio de acompañar el proyecto de endeudamiento provincial por 600 millones de dólares.
Lejos de bajar el tono, Grasso anunció que enviará una carta documento para exigir que el mandatario provincial ratifique públicamente sus afirmaciones o, en su defecto, las lleve a la Justicia. Para el jefe comunal, las acusaciones no solo carecen de sustento, sino que deterioran el clima institucional en un contexto marcado por conflictos salariales y dificultades económicas que atraviesa la provincia.
«Vamos a presentar una carta documento para que ratifique rápidamente lo dicho o que haga la denuncia correspondiente. Nosotros no le pedimos nada. Él nunca dio un mango. Toda la plata que ingresó a la provincia se la quedó él y se la repartió entre sus amigos como si fuera un patrón de estancia», afirmó Grasso, elevando el nivel de confrontación política.
El intendente también puso el foco sobre el proyecto de endeudamiento impulsado por el Ejecutivo provincial. Según sostuvo, el Gobierno pretende avanzar con un crédito millonario sin presentar información suficiente sobre el destino de los fondos ni los proyectos ejecutivos que justificarían semejante compromiso financiero.
«Es fácil decir que se va a endeudar la provincia por 600 millones de dólares sin justificar absolutamente nada. Cuando se sumen los intereses, Santa Cruz terminará debiendo cerca de mil millones de dólares. Es una deuda enorme que alguien tendrá que pagar», advirtió.
En ese sentido, aseguró que actualmente solo existe un proyecto ejecutivo concreto vinculado al acueducto de Río Gallegos, mientras que el resto de las obras anunciadas continúan siendo promesas sin planificación técnica conocida.
Grasso también cuestionó que la administración provincial priorice el endeudamiento externo mientras, según afirmó, no impulsa con firmeza el reclamo por fondos nacionales adeudados a Santa Cruz.
«Hay más de 300 mil millones de pesos que Nación le debe a la provincia entre incentivo docente, Aportes del Tesoro Nacional, fondos de Vialidad y recursos de la Caja de Previsión. ¿Por qué no reclaman esa plata y prefieren salir a buscar un préstamo internacional?», planteó.
El intendente aprovechó además para vincular el debate económico con el escenario social que atraviesa Santa Cruz. Recordó los conflictos salariales que mantienen la Policía Provincial, los trabajadores de la salud y los docentes, sectores que desde hace semanas sostienen medidas de fuerza y reclamos por recomposición salarial.
«Vidal parece no darse cuenta de que afuera tiene a la Policía reclamando, a la salud totalmente golpeada y a los docentes exigiendo respuestas. Prometió en campaña que iba a terminar con la persecución a los trabajadores de la educación y hoy la realidad muestra otra cosa», expresó.
Finalmente, Grasso también rechazó las versiones que lo vincularon con las manifestaciones registradas durante el Foro Austral de la Libertad realizado días atrás en Río Gallegos, donde dirigentes nacionales de La Libertad Avanza fueron recibidos con protestas.
«Si yo hubiera organizado un escrache, llevo mil personas. Yo no mando a nadie a esconderse», sostuvo.
Con la decisión de avanzar judicialmente mediante una carta documento y con nuevas críticas al manejo económico del Gobierno Provincial, el enfrentamiento político entre Pablo Grasso y Claudio Vidal suma un nuevo capítulo, en un escenario donde el debate por el endeudamiento, la distribución de recursos y la crisis salarial se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda pública santacruceña.
