El intendente de Río Gallegos cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia que habilita las retenciones sobre la coparticipación municipal por deudas con la Caja de Previsión Social. Advirtió que la medida compromete la autonomía municipal, pone en riesgo servicios esenciales y reclamó una mesa de diálogo con el Gobierno provincial.
La tensión entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios sumó este fin de semana un nuevo capítulo tras las declaraciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien cuestionó con dureza la resolución del Tribunal Superior de Justicia que revocó la medida cautelar que impedía descontar de la coparticipación municipal los aportes destinados a la Caja de Previsión Social.
Para el jefe comunal, la discusión excede el plano jurídico y tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de los vecinos. Según sostuvo, los fondos que la Provincia pretende retener no pertenecen a una gestión política, sino que son recursos destinados a sostener el funcionamiento del Estado municipal y garantizar servicios esenciales para la comunidad.
«Hay funcionarios que festejan que se le saque plata a los vecinos de Río Gallegos. No es dinero del intendente, es dinero de la ciudad, con el que se pagan servicios, obras y salarios», expresó Grasso durante una entrevista radial.
El intendente planteó que el fallo no afecta únicamente a Río Gallegos, sino que sienta un precedente para todas las comunas santacruceñas, ya que habilita un mecanismo de retención que, según consideró, limita la capacidad financiera de los municipios en un contexto económico complejo.
Desde su perspectiva, la medida compromete uno de los principios fundamentales del régimen municipal: la autonomía consagrada por la Constitución Provincial.
«La autonomía municipal está garantizada por la Constitución y no puede ser vulnerada. Nosotros vamos a seguir defendiendo los recursos que les corresponden a los vecinos», afirmó.
«La ciudad se sostiene con recursos propios»
Durante sus declaraciones, Grasso también respondió a quienes cuestionan la administración financiera del Municipio y recordó que Río Gallegos viene afrontando gran parte de sus obligaciones sin asistencia extraordinaria de otros niveles del Estado.
Según explicó, la actual gestión sostiene la ejecución de obras públicas, el sistema de transporte urbano, la prestación de servicios municipales y distintos programas de asistencia exclusivamente con recursos propios.
«Todo lo que estamos haciendo, desde obras hasta el sostenimiento del transporte público, se financia con recursos propios. No tenemos ayuda del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial», sostuvo.
El jefe comunal recordó además que el Municipio mantiene un histórico reclamo por las deudas que, según entiende, la Provincia mantiene con Río Gallegos, y consideró que esa situación también debería formar parte de una negociación integral entre ambas administraciones.
El impacto sobre los servicios
Para Grasso, la eventual profundización de las retenciones no sólo comprometería las finanzas municipales, sino también la continuidad de prestaciones básicas que diariamente reciben miles de vecinos.
«Con las tasas municipales sostenemos el mantenimiento de la ciudad, la salud municipal, el transporte, las obras y la asistencia a los vecinos. Sacarle más recursos a los municipios significa perjudicar directamente a la comunidad», manifestó.
En ese marco, advirtió que cualquier disminución significativa en la coparticipación repercutirá inevitablemente sobre la capacidad operativa del Municipio para responder a las demandas sociales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Críticas al Gobierno provincial
El intendente también cuestionó la estrategia adoptada por el Ejecutivo provincial para reclamar las deudas previsionales de los municipios.
A su entender, antes de avanzar por la vía judicial deberían haberse agotado las instancias de diálogo institucional y evaluado mecanismos de compensación que permitan resolver el conflicto sin afectar el funcionamiento de las administraciones locales.
Grasso confirmó que el Municipio presentó distintos recursos judiciales para sostener su posición, aunque señaló que fueron rechazados por la Justicia.
Pese a ese escenario, aseguró que la Municipalidad continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender los recursos que considera propios de la ciudad.
«Voy a defender cada peso de los vecinos»
En el tramo final de sus declaraciones, el intendente ratificó que continuará reclamando una solución que contemple la realidad financiera de los municipios y reiteró que la prioridad debe ser garantizar el funcionamiento del Estado local.
«Voy a defender cada peso que les pertenece a los vecinos. No podemos permitir que se siga desfinanciando a los municipios en un momento tan complejo para todos», concluyó.
Las declaraciones de Grasso se suman a las expresadas horas antes por otros intendentes santacruceños que también manifestaron preocupación por el alcance del fallo del Tribunal Superior de Justicia y por las consecuencias que podrían generar las retenciones sobre la coparticipación municipal.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que el cumplimiento de las obligaciones previsionales constituye una responsabilidad legal de cada municipio, desde las administraciones locales insisten en que la discusión debe ampliarse a un esquema integral que contemple las deudas cruzadas, la distribución de recursos y la sustentabilidad financiera de los gobiernos municipales, en un contexto marcado por la caída de ingresos y el aumento de las demandas sociales.
