El intendente advirtió que el descuento sobre la coparticipación podría alcanzar los 400 millones de pesos mensuales y cuestionó la falta de diálogo del Gobierno provincial. Sostuvo que el ajuste no afectará a los funcionarios, sino a los trabajadores, los servicios públicos y a toda la comunidad.
El conflicto entre la Provincia y los municipios de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo de tensión. Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que dejó sin efecto la medida cautelar que impedía descontar fondos de coparticipación por deudas con la Caja de Previsión Social, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, advirtió que la aplicación de esas retenciones podría comprometer seriamente la estabilidad financiera del municipio y poner en riesgo el pago de salarios, además del funcionamiento cotidiano del Estado local.
Para el jefe comunal, el debate excede ampliamente una cuestión jurídica o administrativa. En su análisis, el verdadero interrogante pasa por definir qué tipo de relación pretende construir el Gobierno provincial con los municipios: una basada en el diálogo institucional o una donde el saneamiento financiero recaiga directamente sobre las administraciones locales y, por consecuencia, sobre los trabajadores y los vecinos.
«La discusión no es entre un gobernador y un intendente. La discusión es si se va a poner en riesgo el funcionamiento de los municipios y el salario de cientos de trabajadores», dejó entrever durante sus declaraciones.
Según explicó, en el caso de Río Turbio las retenciones podrían representar alrededor de 400 millones de pesos por mes, una cifra que equivale aproximadamente al 50% de los recursos que el Municipio recibe por coparticipación.
La magnitud del descuento, afirmó, tendría consecuencias inmediatas.
«Es casi el 50% de los fondos que recibimos de coparticipación. Lamentablemente no se van a poder pagar los salarios», sostuvo.
El impacto no se limitaría únicamente al pago de haberes. Menna explicó que una reducción de semejante volumen afectaría la prestación de servicios públicos esenciales, el mantenimiento de espacios comunitarios, la asistencia social, el acompañamiento a instituciones y el funcionamiento general de la administración municipal.
En ese sentido, insistió en que las consecuencias recaerían directamente sobre la población.
«Este tipo de medidas no le hacen mal al intendente; le hacen mal a los casi mil compañeros municipales que no van a poder recibir sus salarios», afirmó.
«Queremos discutir, no desconocer las obligaciones»
Lejos de negar la existencia de obligaciones con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, el intendente aseguró que Río Turbio está dispuesto a discutir una solución de fondo, aunque consideró que esa discusión debe realizarse con todos los actores involucrados y contemplando la realidad financiera de cada municipio.
«Los municipios no somos los enemigos del Gobierno provincial. Queremos ayudar y colaborar, pero siempre con las cosas claras», expresó.
Para Menna, el problema previsional no nació en la actualidad, sino que es consecuencia de una situación estructural que atraviesa desde hace años a numerosos municipios santacruceños.
«Esta es una discusión que se viene dando hace muchísimos años. Hoy los municipios no podemos afrontar el pago de la Caja de Previsión Social ni el de la Caja de Servicios Sociales», manifestó.
Una discusión más amplia sobre recursos
El jefe comunal también volvió a poner sobre la mesa un viejo planteo de los gobiernos locales: la necesidad de revisar el régimen de coparticipación provincial y analizar las denominadas deudas cruzadas entre Provincia y municipios.
A su entender, cualquier solución debería contemplar no sólo las obligaciones municipales, sino también los recursos y aportes que las comunas realizan para sostener el funcionamiento del Estado provincial.
«La discusión tiene que ser un poco más profunda. En su momento se habló de modificar la coparticipación, que también se considere el pago de las cajas y la deuda histórica que tiene el Gobierno provincial con los municipios», señaló.
Como ejemplo, recordó que gran parte de la infraestructura utilizada por organismos provinciales en Río Turbio es aportada por el propio Municipio.
«Todos los establecimientos educativos están en tierras municipales, todos los entes públicos están en tierras municipales. En Río Turbio hay cinco organismos provinciales que funcionan en oficinas que brinda el municipio», detalló.
Para Menna, ese esfuerzo económico y logístico también debería ser considerado al momento de discutir las obligaciones financieras entre ambas jurisdicciones.
Críticas por la falta de diálogo
Otro de los puntos que cuestionó el intendente fue la ausencia de instancias de diálogo institucional.
Según indicó, mientras algunos intendentes fueron convocados por el Gobierno provincial para analizar la situación, los municipios gobernados por otros espacios políticos no recibieron la misma invitación.
«Lo ideal sería que nos convoquen a un acuerdo. A los intendentes de su propio espacio político los convocaron para el viernes; a nosotros no nos han convocado», sostuvo.
En ese contexto, también manifestó su preocupación por la posibilidad de que la aplicación de las retenciones no sea uniforme para todas las localidades.
«No vaya a ser cosa que a los municipios propios les devuelvan las retenciones y a los que no somos del mismo signo político no», advirtió.
Asimismo, lamentó que durante la reciente visita de ministros provinciales a Río Turbio no se hubiera generado un encuentro institucional con las autoridades municipales.
«La semana pasada estuvieron en la localidad los ministros de Gobierno y de Economía y no fueron capaces ni siquiera de pasar por el municipio. Después hablan de diálogo y de consenso», cuestionó.
Un llamado a una salida política
Aunque reconoció que el fallo del Tribunal Superior de Justicia habilita legalmente la aplicación de las retenciones, Menna sostuvo que la forma en que esa decisión se implemente dependerá exclusivamente de la voluntad política del Ejecutivo provincial.
«En vez de tratar de llegar a un diálogo y buscar alternativas para dar una solución en conjunto, se termina ahogando a los municipios», afirmó.
Finalmente, insistió en que la Provincia aún está a tiempo de construir una solución consensuada que permita ordenar las cuentas públicas sin afectar el funcionamiento de los gobiernos locales.
«Hay que dar una discusión más profunda. No hay que hacer las cosas a lo apurado», concluyó.
Con ese mensaje, el intendente volvió a fijar posición frente a un conflicto que promete marcar la agenda política y económica de Santa Cruz en las próximas semanas. Para Menna, ordenar las finanzas provinciales no puede traducirse en un ajuste que recaiga sobre los trabajadores municipales ni sobre las comunidades que dependen de un Estado local activo para garantizar servicios, asistencia y presencia territorial.
