La vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Viviana Carabajal, cuestionó la aplicación del Decreto 608 y la Resolución 307. Aseguró que trabajadores activos fueron notificados sobre su pase al sistema previsional sin haber iniciado voluntariamente el trámite y pidió información clara sobre el alcance de las medidas.
La discusión previsional volvió a instalarse en el centro de la escena provincial. Esta vez, el eje no está solamente en las cuentas de la Caja de Previsión Social ni en la necesidad de garantizar el pago de las jubilaciones, sino en una pregunta que atraviesa a cientos de trabajadores: ¿quién decide cuándo termina una vida laboral?
La vocal por los pasivos de la provincia de Santa Cruz, Viviana Carabajal, cuestionó públicamente la aplicación del Decreto 608 y de la Resolución 307 y advirtió sobre un proceso que, según explicó, podría alcanzar a aproximadamente 300 trabajadores de la administración pública provincial.
La cifra, aclaró, no surge de una elaboración propia sino que fue mencionada públicamente por el presidente de la Caja de Previsión Social. El planteo adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia, algunas personas habrían recibido notificaciones informándoles que pasarían al sistema previsional aun cuando no habían iniciado voluntariamente el trámite jubilatorio.
Carabajal habló en FM 105.1 “La Voz de la Cuenca”, y puso el foco en lo que considera una diferencia sustancial entre una jubilación voluntaria y otra dispuesta desde la administración.
“Yo trabajador decido cuándo voy a renunciar, cuándo me voy a jubilar y cuándo acomodo mi vida”, sostuvo.
La frase resume el núcleo del reclamo: que la jubilación no sea solamente un trámite administrativo, sino una decisión que contemple la voluntad, la planificación personal y familiar y las condiciones económicas de cada trabajador.
Para Carabajal, el problema comienza cuando la decisión de retirarse deja de estar en manos del trabajador.
La vocal explicó que una jubilación debería iniciarse cuando la persona considera que llegó el momento de finalizar su carrera laboral, reúne la documentación correspondiente y prepara su transición hacia la pasividad. En los casos que cuestiona, en cambio, la notificación habría llegado directamente desde la Caja, comunicando que el trabajador sería incorporado al sistema previsional dentro de determinado plazo.
La diferencia puede parecer administrativa, pero tiene consecuencias concretas. Cambiar de trabajador activo a jubilado significa modificar ingresos, cobertura social, organización familiar y proyectos personales.
Por eso, la vocal sostuvo que el trabajador debe tener la posibilidad de conocer su situación, recibir información y contar con mecanismos para defenderse antes de que una decisión de este tipo se haga efectiva.
Uno de los ejemplos relatados durante la entrevista fue el de un trabajador vial de Piedra Buena, que se encontraba realizando tareas relacionadas con la limpieza y mantenimiento de rutas.
Según el relato de Carabajal, el trabajador había viajado a Río Gallegos para buscar combustible destinado a las máquinas que trabajan en las rutas. Fue entonces cuando un familiar le advirtió que su nombre figuraba en un listado de personas alcanzadas por el proceso.
El hombre se presentó ante la Caja de Previsión Social y, de acuerdo con lo relatado por la vocal, allí recibió la confirmación de que ya había sido jubilado.
La situación generó preocupación porque se trataba de una persona con más de tres décadas de trabajo y que, según el relato, no había tomado la decisión de retirarse.
Carabajal puso el acento en el impacto humano del procedimiento. “Lo que me preocupa es el destrato a quien trabajó todos estos años por la provincia”, afirmó.
El caso del trabajador vial funciona así como una postal del conflicto: detrás de los decretos, resoluciones, expedientes y números existen personas que organizan su vida alrededor de un empleo y que pueden encontrarse, de un momento a otro, frente a una decisión que modifica su situación laboral.
El otro eje del debate es financiero.
Entre los argumentos vinculados a las medidas aparece la necesidad de ordenar las cuentas y garantizar el financiamiento de la Caja de Previsión Social. Carabajal reconoció que todavía no dispone de todos los números necesarios para realizar una evaluación integral del impacto, pero planteó interrogantes sobre las consecuencias de incorporar simultáneamente a una cantidad importante de nuevos jubilados.
La discusión tiene una particularidad: la Caja funciona bajo un esquema solidario en el que los trabajadores activos contribuyen al sostenimiento del sistema previsional.
Por eso, si efectivamente alrededor de 300 trabajadores pasaran simultáneamente de la actividad a la pasividad, el movimiento podría generar una presión adicional sobre los recursos del organismo.
Para Carabajal, esa discusión debe hacerse con datos concretos, información pública y proyecciones claras, antes que mediante argumentos exclusivamente políticos.
La pregunta que queda planteada es si el objetivo de ordenar las cuentas previsionales puede alcanzarse trasladando automáticamente a trabajadores a la jubilación, y cuáles serían las consecuencias financieras de hacerlo.
El conflicto ya llegó a los tribunales.
Según explicó Carabajal, algunas personas alcanzadas por las medidas realizaron presentaciones judiciales. También mencionó casos vinculados con magistrados del Tribunal Superior de Justicia que habrían recurrido a la Justicia y, en uno de los expedientes, se habría dictado una medida cautelar.
La vocal aclaró que una cautelar no resuelve la cuestión de fondo: suspende temporalmente los efectos de una medida mientras continúa el proceso judicial. Por lo tanto, la discusión sobre la legalidad o constitucionalidad del Decreto 608 permanece abierta.
Mientras tanto, la preocupación se extiende hacia trabajadores que podrían no contar con los mismos recursos legales para defender su situación.
Y allí Carabajal ubicó el centro de su preocupación: no tanto en los funcionarios o magistrados que tienen herramientas para recurrir ante la Justicia, sino en quienes trabajan en áreas operativas y pueden quedar expuestos a una decisión administrativa sin capacidad suficiente para responder.
“Me preocupa el trabajador”, sintetizó.
Los trabajadores viales aparecen entre los sectores mencionados dentro de la discusión.
Carabajal señaló que recibió planteos de representantes del sector y relató el caso de una trabajadora vial con representación gremial que se presentó ante las autoridades para cuestionar el procedimiento.
El planteo también abre una discusión sobre los derechos sindicales y las relaciones laborales: si una persona posee representación gremial y está alcanzada por acuerdos laborales o paritarios, cualquier modificación de su situación debería contemplar los procedimientos correspondientes, según el planteo expresado por la vocal.
No se trata, entonces, solamente de una discusión previsional. También entra en juego la relación entre el Estado empleador, los trabajadores, las organizaciones sindicales y la Caja de Previsión.
Uno de los puntos centrales planteados por Carabajal es la necesidad de diferenciar jubilación voluntaria de jubilación compulsiva.
En el primer caso, el trabajador evalúa su situación, decide cuándo retirarse, reúne la documentación y organiza su transición.
En el segundo, según la denuncia, la administración comunica al trabajador que será jubilado aun cuando no haya solicitado el beneficio.
La diferencia no es menor. La jubilación modifica la vida económica y personal de quien deja de trabajar. También puede afectar proyectos familiares, ingresos, cobertura social y decisiones que fueron planificadas durante años.
Por eso, la vocal reclama que cualquier transformación de este tipo sea comunicada de manera clara y que exista una instancia efectiva para que el trabajador pueda conocer y cuestionar la decisión.
Carabajal buscó despegar el reclamo de una disputa exclusivamente política.
Cuestionó que el proceso pueda ser presentado como una herramienta para “limpiar” o reorganizar determinadas áreas del Estado y señaló que no pretende concentrar la discusión en los casos de magistradas del Tribunal Superior de Justicia, porque considera que ellas cuentan con herramientas legales para defenderse.
Su preocupación principal, insistió, está en quienes no tienen esos recursos.
El planteo busca correr el foco de la pelea política y llevarlo hacia una pregunta más básica: qué derechos tiene una persona que todavía está trabajando cuando la administración decide que llegó el momento de jubilarla.
Carabajal confirmó que tanto ella, como vocal por los pasivos, como Cristian Sánchez, vocal por los activos, no acompañaron ni firmaron las decisiones vinculadas con el Decreto 608 y la Resolución 307.
Ambos sostienen que su función es representar a trabajadores y jubilados y defender sus derechos, independientemente de los sectores políticos involucrados.
La posición expresada por Carabajal es que no acompañarán medidas que consideren perjudiciales para los trabajadores activos o pasivos.
En paralelo, la discusión se desarrolla en un contexto de reclamos de trabajadores retirados que permanecen frente a la Jefatura de Policía.
Durante la entrevista se mencionó la presencia de aproximadamente 85 personas que sostienen una protesta en medio de bajas temperaturas.
Para Carabajal, el análisis de las decisiones previsionales no puede limitarse a balances y expedientes. También debe considerar qué ocurre con las familias, los ingresos y la estabilidad emocional de quienes reciben una notificación inesperada sobre su retiro.
La dimensión social aparece así como otra de las caras de un conflicto que todavía no encontró una resolución definitiva.
En el cierre de la entrevista, la vocal por los pasivos llamó a trabajadores activos, jubilados y organizaciones sindicales a mantener la unidad y analizar cada situación de manera particular.
El pedido también apunta a evitar que los propios trabajadores terminen enfrentándose entre sí en medio de una discusión que involucra al Estado, al sistema previsional y a las organizaciones gremiales.
La aplicación de las medidas continuará bajo análisis en el directorio de la Caja de Previsión Social y en los tribunales donde fueron presentados los reclamos. También resta conocer con precisión el alcance del listado de trabajadores alcanzados, las notificaciones realizadas y el impacto financiero que tendría la incorporación de nuevos jubilados.
Por ahora, la discusión permanece abierta.
Entre la necesidad de garantizar la sustentabilidad de la Caja y el derecho de cada trabajador a decidir sobre su futuro laboral aparece una tensión que difícilmente pueda resolverse solamente con un decreto.
Porque detrás de cada expediente previsional hay una historia laboral. Y detrás de cada jubilación, voluntaria o no, hay una persona que debe poder saber qué está pasando con su vida, sus ingresos y los años de trabajo que quedaron atrás.
