El intendente de Río Gallegos sostuvo que los diputados de Unión por la Patria mantendrán su rechazo al endeudamiento en dólares impulsado por el Gobierno provincial. Cuestionó la administración de los recursos, reclamó una nueva ley de coparticipación y pidió respuestas concretas para los municipios, incluida la Cuenca Carbonífera. «Santa Cruz tiene plata, hay que administrarla distinto», afirmó.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, volvió a cuestionar el proyecto de financiamiento en dólares impulsado por el gobernador Claudio Vidal y anticipó que los diputados de Unión por la Patria mantendrán una posición contraria a la iniciativa si vuelve a ser tratada en la Legislatura provincial.
Durante una entrevista con fm la voz de la cuenca, el jefe comunal planteó sus diferencias con el esquema económico del Gobierno santacruceño, cuestionó la distribución de los recursos provinciales y sostuvo que existen alternativas para financiar obras de infraestructura sin avanzar en un nuevo endeudamiento en dólares.
«Nosotros queremos que tenga plata el gobernador, pero que la distribuya distinto», expresó Grasso, quien adelantó que mantendrá reuniones con intendentes y legisladores de su espacio para definir una posición conjunta frente al escenario político y económico provincial.
El intendente también hizo referencia a la situación de los municipios de la Cuenca Carbonífera y cuestionó que, pese a la presentación de informes económicos y los encuentros mantenidos con funcionarios provinciales, todavía no existan respuestas concretas para las necesidades de las localidades.
El rechazo al endeudamiento y las críticas a la administración provincial
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el proyecto de financiamiento por 700 millones de dólares. Grasso manifestó su rechazo a la iniciativa y puso en duda que un nuevo endeudamiento sea la solución para los problemas financieros que atraviesa Santa Cruz.
En ese sentido, recordó los recursos extraordinarios que recibió la provincia y cuestionó la falta de información sobre su utilización.
«Santa Cruz tiene minería, tiene petróleo, tiene pesca, tiene ganadería, tiene turismo. Hay que administrarlo distinto», sostuvo.
También señaló que, desde su perspectiva, la provincia necesita modificar sus prioridades presupuestarias y establecer mecanismos que permitan que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades.
El jefe comunal aseguró que Unión por la Patria no modificará su posición frente al empréstito y adelantó que el espacio mantendrá una reunión con intendentes y diputados para definir los próximos pasos.
«Nosotros no vamos a movernos de esa metodología», afirmó, al tiempo que sostuvo que existen otras propuestas para discutir con el Gobierno provincial.
La Cuenca Carbonífera y el reclamo por respuestas concretas
Grasso también hizo referencia a la situación que atraviesan Río Turbio y 28 de Noviembre, particularmente en relación con las dificultades económicas de los municipios y los reclamos de los trabajadores.
Cuestionó que los intendentes de la región hayan viajado, presentado documentación y expuesto sus realidades financieras ante las autoridades económicas provinciales sin obtener, hasta el momento, las respuestas que esperaban.
«Les entregamos todos los números, Turbio y 28 le entregaron todos los números a Economía. ¿Y para qué?», expresó durante la entrevista.
En otro tramo, reclamó que los funcionarios provinciales se acerquen a conocer la realidad de la región y comprendan las dificultades que atraviesan sus habitantes.
El intendente también cuestionó las promesas de gestión que, según su interpretación, no se tradujeron en soluciones concretas para las comunidades. En ese marco, mencionó las dificultades del sistema sanitario y la situación de los trabajadores.
«La gente la está pasando muy mal, muchachos, y hay que salir con herramientas concretas y claras», manifestó.
Una nueva ley de coparticipación y alternativas de financiamiento
Durante la conversación, Grasso volvió a plantear la necesidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación provincial, una iniciativa que, según indicó, viene proponiendo desde hace aproximadamente 18 meses.
Explicó que presentó una propuesta que contemplaba una prueba piloto de 18 meses para revisar los mecanismos de distribución de recursos entre la Provincia y los municipios.
Entre los puntos mencionados incluyó un pacto fiscal que permita establecer compromisos de rendición de cuentas, criterios de equilibrio presupuestario y una participación de representantes municipales en la discusión de una nueva normativa.
Además, sostuvo que existen alternativas de financiamiento internacional para desarrollar infraestructura sin recurrir necesariamente a un empréstito general en dólares.
En ese sentido, mencionó la posibilidad de gestionar programas ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF), con proyectos específicos vinculados al desarrollo hídrico, productivo y energético.
También se refirió a una propuesta planteada por intendentes de la Cuenca Carbonífera para acceder a financiamiento y devolverlo mediante descuentos de la coparticipación municipal. Sobre esa posibilidad, manifestó que considera viable discutir el mecanismo.
Cuestionamientos al cumplimiento del 90/10
Otro de los temas abordados fue la incorporación de trabajadores santacruceños en las actividades productivas, particularmente en el sector minero.
Grasso cuestionó la aplicación efectiva del esquema 90/10 y señaló que, desde su perspectiva, todavía existen dificultades para garantizar que las oportunidades laborales alcancen a los habitantes de la provincia.
«Que dejen de mentirnos con el 90/10. La mitad de los mineros está trabajando y vienen del norte», expresó.
Aclaró que no cuestiona la llegada de trabajadores de otras provincias, pero sostuvo que quienes se incorporen a las actividades productivas deberían establecerse en Santa Cruz y que también deben generarse oportunidades para los jóvenes y vecinos de cada localidad.
Gestión municipal y propuestas para generar empleo
En otro tramo de la entrevista, Grasso defendió el esquema de administración de Río Gallegos y explicó que el municipio busca reorganizar sus recursos para sostener los servicios y atender las necesidades sociales.
Mencionó que se encuentran trabajando en un proyecto de financiamiento destinado a instituciones, pequeñas y medianas empresas y emprendedores.
Como parte de esa iniciativa, adelantó que se busca reunir alrededor de 400 millones de pesos para otorgar créditos de 3, 5 y 10 millones de pesos, con devolución en 12 cuotas sin interés.
También señaló que mantuvo reuniones con representantes del sector minero, petroleras e inversores vinculados a Vaca Muerta, interesados en desarrollar emprendimientos relacionados con hotelería y gastronomía.
El objetivo, explicó, es generar condiciones para atraer inversiones privadas y garantizar que las oportunidades laborales beneficien a trabajadores santacruceños.
El regreso de YPF a Santa Cruz
Finalmente, el intendente se refirió a su encuentro con Rafael Güenchenen y aseguró que uno de los planteos centrales fue trabajar para lograr el regreso de YPF a las localidades de la zona norte de Santa Cruz.
Grasso sostuvo que continuará realizando gestiones para que la empresa vuelva a tener presencia en los lugares donde históricamente desarrolló actividades, generó empleo y aportó recursos a la economía provincial.
«Yo voy a trabajar incansablemente para que vuelva YPF a la zona norte de la provincia», afirmó.
Al cerrar la entrevista, dejó un mensaje dirigido a los intendentes y al arco político de la Cuenca Carbonífera, al pedir mayor articulación institucional frente a la crisis económica y social.
«A juntarnos, a estar juntos por el beneficio de la gente», expresó, y remarcó que las localidades necesitan respuestas concretas, herramientas de financiamiento y políticas que permitan sostener el empleo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
La postura de Grasso suma una nueva voz al debate provincial por el financiamiento de Santa Cruz, la distribución de los recursos y el rol de los municipios, en un escenario donde la discusión por el empréstito de 700 millones de dólares continúa atravesando las relaciones entre el Ejecutivo provincial, los intendentes y la Legislatura.
