Jacqueline Borquez, secretaria general del sindicato de Viales en Santa Cruz, celebró el fallo judicial que suspende por seis meses el decreto 461 del Ejecutivo nacional, que apuntaba al desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. La dirigente llamó a profundizar la lucha desde el Parlamento y en las calles.
En medio del intento del Gobierno nacional por desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad mediante el decreto 461, la Justicia dictó un fallo clave que prohíbe al Ejecutivo avanzar sobre ese organismo por el plazo de 180 días. La medida, dispuesta por una jueza federal, representa un alivio para los trabajadores viales y frena no solo despidos, sino también la ejecución de activos de la institución.
Jacqueline Borquez, secretaria general del sindicato de Viales en Santa Cruz, expresó su satisfacción por este revés judicial que representa una bocanada de aire para el sector. “La jueza entendió que se pueden provocar daños irreparables en Vialidad y sus trabajadores, por eso dictó esta medida cautelar. Pero la lucha no termina acá. Ahora nuestro objetivo es que el Parlamento derogue definitivamente el decreto”, sostuvo en diálogo con medios locales.
Borquez remarcó que ya existen al menos tres proyectos de ley presentados por legisladores de distintas provincias con el fin de derogar el decreto 461. Sin embargo, explicó que el camino no será fácil: “La bicameral que debería tratarlo tiene un presidente libertario que decide qué se trata y qué no. Por eso buscamos que los senadores y diputados lleven la discusión al recinto y logren frenarlo por mayoría”.
Desde el gremio también denunciaron el desfinanciamiento progresivo que viene sufriendo el organismo, especialmente a partir de que el Ejecutivo nacional retuvo el impuesto al combustible que históricamente se destinaba al mantenimiento de rutas. “Se están quedando con más de 600 mil millones de pesos que eran de Vialidad”, aseguró Borquez. “Mientras tanto, nuestras rutas se deterioran y mis compañeros trabajan con lo poco que tienen. Hoy hacer un kilómetro de bacheo cuesta más de 50 mil dólares”.
La dirigente también alertó sobre el impacto que la eliminación de Vialidad tendría en la conectividad, las economías regionales y la seguridad vial, en especial en provincias como Santa Cruz. “La vida de muchos pueblos depende de que los caminos estén en condiciones”, insistió.
Finalmente, Borquez llamó a la comunidad y a los trabajadores a continuar visibilizando el reclamo: “Tenemos que salir a la calle. No alcanza con un tuit o una reacción en redes. Cuando nos ven en la calle entienden que algo pasa. No solo está en riesgo Vialidad, también el INTA, el PAMI, el Banco Nación, y otros organismos nacionales”.
El fallo judicial representa una pausa en un contexto de incertidumbre, pero la pelea por el sostenimiento estructural de Vialidad Nacional —una institución con más de 90 años de historia— recién comienza.
