La Municipalidad de Río Gallegos entregó 15 certificados de adjudicación en venta a vecinos del sector, otorgando seguridad jurídica y la posibilidad de acceder formalmente a servicios esenciales. María Grasso destacó que la medida busca resolver una problemática histórica que permaneció sin respuestas durante años.
Después de más de veinte años de incertidumbre, gestiones y reclamos, un grupo de familias del Barrio Evita dio un paso decisivo hacia la regularización de la tenencia de las tierras donde construyeron sus hogares. La Municipalidad de Río Gallegos entregó este viernes 15 certificados de adjudicación en venta de lotes, una medida que permitirá a los vecinos avanzar en la formalización de su situación dominial y acceder de manera legal a servicios públicos fundamentales.
La entrega representa mucho más que un trámite administrativo. Para quienes durante años habitaron el sector sin contar con documentación que acreditara formalmente la posesión de sus terrenos, el acto significa el reconocimiento de una realidad construida a fuerza de esfuerzo, trabajo y permanencia en el lugar.
La secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, destacó la importancia de avanzar sobre una problemática que se había prolongado durante décadas sin una solución concreta. Según explicó, el proceso fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), que acompañó las gestiones impulsadas por los vecinos.
“Estamos acompañando a un grupo de vecinos que la venían peleando desde hace muchos años. Entendimos que la comunicación y el trabajo conjunto podían resolver una realidad de la que nadie se hacía cargo”, sostuvo la funcionaria durante el acto.
La regularización permitirá que las familias beneficiadas puedan iniciar trámites indispensables para mejorar sus condiciones de vida, entre ellos la gestión formal de conexiones de servicios básicos como electricidad, gas y agua. Además, brinda seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan y abre la posibilidad de continuar desarrollando mejoras habitacionales con respaldo legal.
En ese contexto, Grasso también aprovechó la ocasión para advertir sobre la existencia de maniobras irregulares vinculadas a la comercialización ilegal de terrenos. La funcionaria recordó que cualquier trámite relacionado con adjudicaciones, regularizaciones o acceso a tierras debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Municipio para evitar estafas o situaciones fraudulentas.
Para los vecinos, la entrega de la documentación marca el cierre de una etapa atravesada por la incertidumbre y el inicio de una nueva instancia de consolidación de sus hogares.
Una de las beneficiarias, Noemí Singori, expresó su satisfacción por la resolución alcanzada luego de tantos años de reclamos. Según manifestó, la regularización representa una respuesta concreta a una demanda histórica que parecía no encontrar solución.
Historias similares atraviesan a muchas de las familias que participaron del acto. Entre ellas se encuentra la de Rosa Ortega, de 65 años, quien recordó los difíciles comienzos en el sector hace más de dos décadas. Madre de siete hijos, relató las condiciones precarias con las que llegó al lugar cuando aún no existía infraestructura ni servicios básicos.
“Cuando llegamos acá no había nada”, recordó emocionada, al tiempo que celebró la posibilidad de acceder ahora a trámites fundamentales para mejorar la calidad de vida de su familia.
La regularización también fue valorada por Javier Blas Infrán, quien destacó que el reconocimiento legal permitirá gestionar las factibilidades necesarias para avanzar con nuevas conexiones domiciliarias y seguir desarrollando el barrio en condiciones de mayor seguridad y formalidad.
La entrega de los certificados representa una respuesta concreta a una problemática que durante años afectó a numerosas familias de Río Gallegos. Más allá del aspecto administrativo, la medida pone en discusión el acceso al suelo urbano, la planificación territorial y la necesidad de generar herramientas que permitan garantizar derechos básicos vinculados a la vivienda y al arraigo comunitario.
Para las familias beneficiadas, el documento recibido simboliza algo más profundo que una adjudicación: es el reconocimiento de una historia construida durante años y la posibilidad de proyectar el futuro con mayor tranquilidad, seguridad y estabilidad.
