Pablo Grasso, Aldo Aravena, Zulma Neira y Darío Menna participan de una reunión en el Ministerio de Economía junto a funcionarios de El Calafate. En paralelo, el intendente de Río Gallegos solicitó una audiencia urgente con el gobernador Claudio Vidal y todos los jefes comunales de Santa Cruz.
En un clima de creciente tensión institucional entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios, los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Zulma Neira (Los Antiguos) y Darío Menna (Río Turbio) ingresaron este sábado al Ministerio de Economía de la provincia para mantener una reunión con autoridades del Ejecutivo, convocada tras la resolución judicial que habilitó al Gobierno provincial a retener fondos de la coparticipación municipal para cancelar deudas con la Caja de Previsión Social.
Del encuentro también participaron los funcionarios de la Municipalidad de El Calafate, Leonardo Mardones y Juan Manuel Miñones, quienes acompañaron las gestiones vinculadas al impacto que la medida podría generar sobre las finanzas de los gobiernos locales.
La convocatoria se produjo luego de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la medida cautelar que impedía al Ejecutivo aplicar descuentos directos sobre la coparticipación de los municipios para afrontar las obligaciones previsionales.
La decisión judicial generó preocupación entre varios intendentes, quienes advirtieron que las retenciones podrían comprometer seriamente la capacidad financiera de las comunas para afrontar el pago de salarios, sostener los servicios públicos y garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado municipal.
En ese contexto, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó una nota formal solicitando una reunión urgente con el gobernador Claudio Vidal, en la que participen la totalidad de los intendentes y comisionados de fomento de Santa Cruz.
La iniciativa busca abrir un ámbito de diálogo institucional que permita analizar de manera conjunta el alcance del fallo judicial, evaluar alternativas para el cumplimiento de las obligaciones previsionales y debatir mecanismos que eviten afectar el normal funcionamiento de los municipios.
La solicitud también apunta a generar una instancia de consenso entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales frente a un escenario que mantiene en alerta a distintas administraciones municipales, independientemente de su signo político.
La reunión en el Ministerio de Economía representa el primer acercamiento formal entre las partes desde que se conoció la decisión judicial, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la aplicación de las retenciones y sus consecuencias económicas para las comunas santacruceñas.
Hasta el momento, no se informó oficialmente el resultado del encuentro ni los eventuales acuerdos alcanzados entre las autoridades provinciales y los representantes municipales.
Mientras tanto, la expectativa permanece centrada en la posibilidad de que el Gobierno provincial convoque a una mesa de diálogo ampliada con todos los intendentes y comisionados de fomento, tal como fue solicitado por Pablo Grasso, con el objetivo de encontrar una salida consensuada a un conflicto que continúa generando preocupación en los municipios de toda la provincia.
