Policías activos, retirados y autoconvocados rechazaron la última propuesta del Gobierno provincial y montaron un acampe permanente frente a la Jefatura de Policía en Río Gallegos. Denuncian persecuciones internas, reclaman una recomposición salarial y aseguran que mantendrán las medidas hasta obtener una respuesta acorde a sus demandas.
El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y la Policía provincial volvió a ingresar en una etapa de máxima tensión. Tras rechazar la última propuesta presentada en la mesa de negociación, efectivos activos, retirados y personal autoconvocado decidieron profundizar las medidas de fuerza con la instalación de un acampe frente a la Jefatura de Policía, en la ciudad de Río Gallegos.
La protesta fue acompañada por una conferencia de prensa en la que los referentes del reclamo cuestionaron duramente la oferta salarial del Ejecutivo, calificándola como «una burla» y asegurando que continúa muy lejos de responder a la realidad económica que atraviesan los integrantes de la fuerza.
Según manifestaron, el incremento propuesto no permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años ni garantiza condiciones salariales acordes a la responsabilidad que implica el trabajo policial.
«Seguimos pidiendo diálogo verdadero y una propuesta seria. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando un salario digno para quienes todos los días cuidamos a la sociedad», expresaron los voceros durante la conferencia.
El acampe, instalado frente a la sede de la Jefatura de Policía, busca visibilizar un conflicto que, aseguran, lleva meses sin encontrar una solución definitiva. Para los manifestantes, la permanencia en el lugar representa un símbolo de unidad entre policías activos, retirados y familiares que acompañan el reclamo.
Los referentes remarcaron que la protesta no responde a intereses partidarios ni persigue objetivos políticos, sino que tiene como único propósito lograr una recomposición salarial que permita afrontar el incremento del costo de vida y mejorar las condiciones laborales del personal policial.
Denuncias por presiones y sanciones
Durante la conferencia también denunciaron que, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno provincial, persisten situaciones que consideran intimidatorias dentro de la fuerza.
Según afirmaron, varios efectivos habrían sido objeto de presiones, traslados y advertencias de posibles sanciones administrativas por participar de las medidas de protesta o expresar públicamente su disconformidad con la situación salarial.
Los autoconvocados sostuvieron que estas acciones generan un clima de incertidumbre entre el personal y reclamaron garantías para que todos los policías puedan ejercer su derecho a peticionar sin sufrir represalias.
Un conflicto que sigue escalando
La decisión de instalar un acampe marca una nueva etapa en un conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas y que mantiene abiertas las negociaciones entre el Ejecutivo provincial y los representantes de la fuerza.
Mientras el Gobierno sostiene el proceso de diálogo en el ámbito del Consejo del Salario, los manifestantes consideran que las respuestas siguen siendo insuficientes y advirtieron que las medidas continuarán hasta obtener una oferta que contemple las necesidades reales de los efectivos y sus familias.
«Vamos a permanecer acá hasta que exista una propuesta seria. No vamos a abandonar este reclamo porque representa el futuro de nuestras familias y de toda la institución policial», señalaron.
La protesta se desarrolla en un contexto de creciente tensión social y de fuertes debates sobre las políticas salariales en Santa Cruz, donde distintos sectores de la administración pública también mantienen reclamos vinculados a la pérdida del poder adquisitivo.
Con el acampe instalado frente a la Jefatura de Policía y las negociaciones aún sin resultados concretos, el conflicto policial continúa abierto y suma un nuevo foco de presión para el Gobierno provincial, que deberá definir en los próximos días si presenta una nueva propuesta capaz de acercar posiciones y evitar una mayor profundización de la protesta.
