El intendente de Río Turbio presentó al Gobierno Provincial una propuesta para transferir el edificio donde funciona la Caja de Servicios Sociales a cambio de incorporar empleados municipales a la obra social provincial.
El intendente de Río Turbio, Darío Menna, avanzó en una propuesta considerada estratégica para resolver una de las principales demandas de los trabajadores municipales: el acceso a la cobertura de salud. En una reunión desarrollada en Casa de Gobierno, el jefe comunal presentó formalmente ante autoridades provinciales un proyecto de canje patrimonial que busca transformar un inmueble municipal en una herramienta concreta de inclusión sanitaria.
Durante el encuentro mantenido con la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, Menna entregó la tasación oficial del edificio donde actualmente funciona la delegación local de la Caja de Servicios Sociales (CSS), dando inicio formal al expediente que ahora será evaluado por las áreas técnicas y legales de la provincia.
La iniciativa propone transferir el inmueble a la provincia, aunque el aspecto más relevante del proyecto no radica en el valor económico de la operación, sino en el mecanismo de compensación planteado por el municipio. En lugar de solicitar recursos financieros, el Ejecutivo local pidió que la contraprestación sea la incorporación inmediata de trabajadores municipales que aún no cuentan con cobertura médica dentro de la Caja de Servicios Sociales.
Desde el entorno municipal remarcaron que la propuesta apunta a “garantizar el acceso a la salud” de empleados que actualmente enfrentan dificultades para acceder a prestaciones médicas, medicamentos y atención especializada. La situación sanitaria y económica atraviesa a numerosos trabajadores municipales en toda la provincia, por lo que el planteo fue interpretado como una alternativa innovadora frente a una problemática histórica.
La documentación entregada por el municipio incluye la tasación formal del inmueble y el proyecto técnico correspondiente, elementos que permitirán a la provincia analizar la viabilidad administrativa, legal y financiera del acuerdo. Ahora será el Gobierno Provincial el encargado de determinar si el esquema de compensación puede concretarse dentro del marco normativo vigente.
En caso de avanzar favorablemente, el acuerdo representaría un alivio significativo para decenas de familias municipales, permitiendo ampliar derechos y garantizar el acceso a servicios esenciales de salud en un contexto económico complejo.
La propuesta también pone en discusión nuevas formas de articulación entre municipios y provincia, utilizando bienes patrimoniales como herramienta para resolver demandas sociales urgentes y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
