Cristian Alegra y Silvia Araceli brindaron una entrevista extensa en vivo donde denunciaron que la cooperativa envió una nota intimidatoria tras hacerse público el reclamo. Los trabajadores insisten en que asisten pero no realizan tareas. Realizaron una marcha en la plaza céntrica de 28 de Noviembre.
La tensión escala en la cooperativa Sur Patagonia. Tras la viralización del reclamo salarial en redes sociales, la directiva de la cooperativa envió una nota que los trabajadores califican de «amenazante». Simultáneamente, Cristian Alegra y Silvia Araceli realizaron una asamblea en la plaza «Martin Miguel de Güemes» para ampliar la adhesión a la retención de servicio.
La directiva de Sur Patagonia (integrada por Belén Gutiérrez, presidenta; Fabián Procop, tesorero; y Carla Trejo, secretaria) emitió un comunicado donde dice estar «en acuerdo con el reclamo» pero «en desacuerdo con las medidas de fuerza». Sin embargo, la letra chica es contundente: «Se descontarán los días de los asociados que realicen retención de servicios» y «se podrá no renovar el contrato».
«La nota es una amenaza clara», sentenció Cristian, explicando que muchos compañeros le tienen miedo a la represalia. «Hay gente que tiene una compañera que paga 500 mil pesos de alquiler con un sueldo de 512 mil. ¿Cómo puede perder un día de trabajo? Por eso el miedo está generando divisiones».
Durante la entrevista, Cristian desglosó el presupuesto de un cooperativista: cobran 512 mil pesos, de los cuales deben descontar entre 75 mil y 134 mil pesos de monotributo para tener obra social. Luego vienen alquileres que superan los 300 mil pesos. «¿Qué sobra? Casi nada. Hay compañeros que solo trabajan para tener un techo», lamentó.
La retención comenzó ayer en la EIPE de 28 de Noviembre. Silvia Araceli informó que también hay participación de trabajadores de la Escuela Nº67. En Rospentek todavía está en discusión si se suman.
Durante la charla, surgió la posibilidad de que los trabajadores formen su propia cooperativa local. Alegra reconoció que ya en la EIPE se intentó hace tiempo, pero «se frenó». No obstante, aclaró que enfrentan un dilema: «Podemos formar nuestra cooperativa, pero si el Consejo Provincial de Educación no nos da el contrato, ¿de qué sirve? El gobierno tiene que estar de acuerdo».
Esta reflexión abre un debate más profundo: mientras el Ministerio de Desarrollo Social promueve las cooperativas como herramienta de trabajo, los trabajadores piden que se «blanquee» su laburo con los beneficios de un empleado estatal.
Cristian remarcó un dato importante: los contratos actuales vencieron el 30 de abril y aún no se han firmado nuevos. «No tenemos un contrato de por medio. Así que no estamos incumpliendo nada. El contrato es entre el Consejo Provincial de Educación y la cooperativa, no con nosotros como individuos».
«Pedimos a toda la comunidad que nos apoye. Es un reclamo justo. Nosotros hacemos la retención, estamos en el lugar de trabajo, pero las tareas de limpieza y ordenanza no las realizamos hasta que nos suban el sueldo». Cerro el cooperativista.
