La UOCRA endurece su postura y anuncia medidas de fuerza: “La paz social se construye con trabajo y dignidad”

El gremio de la construcción de la Zona Norte de Santa Cruz responsabilizó a los gobiernos nacional y provincial, además de las operadoras petroleras, por la falta de empleo tras la salida de YPF. Denunció que más de 2.000 trabajadores continúan desocupados y exigió respuestas urgentes para evitar una profundización de la crisis social.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Zona Norte Santa Cruz lanzó un duro mensaje político, social y sindical al anunciar el inicio de medidas de fuerza en reclamo por la falta de empleo que afecta a más de 2.000 trabajadores de la construcción vinculados históricamente a la actividad petrolera de la región.

Durante una conferencia de prensa encabezada por dirigentes gremiales, delegados y representantes de distintas localidades de la Zona Norte, la organización sindical denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de salida de YPF de las denominadas áreas maduras y cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte de los distintos niveles del Estado.

El discurso estuvo atravesado por una fuerte defensa de la cultura del trabajo como eje de la identidad santacruceña y por una advertencia respecto de las consecuencias sociales que genera la falta de empleo en una de las regiones históricamente productivas de la provincia.

“La Zona Norte de Santa Cruz ha sido, es y será el motor productivo de nuestra provincia. La construcción en el ámbito petrolero no es una actividad accesoria; es el cimiento sobre el cual se sostiene gran parte de la producción energética del país”, señalaron desde la organización.

Según expusieron, la retirada de YPF de las áreas maduras dejó un saldo de más de dos mil trabajadores desocupados, afectando no sólo a las familias directamente involucradas sino también al entramado económico de ciudades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y otras localidades de la región.

“Detrás de cada overol que hoy está colgado en un galpón hay una familia santacruceña que no sabe si mañana come. Detrás de cada despido hay un comercio local que cierra y una comunidad que se apaga”, expresaron.

La conducción gremial recordó que durante el proceso de transición hacia las nuevas operadoras mantuvo una actitud de diálogo y acompañamiento institucional, confiando en los compromisos asumidos por funcionarios y empresas respecto de la reincorporación progresiva de trabajadores.

Sin embargo, sostienen que esa promesa nunca se materializó.

“Nos pidieron paciencia y les dimos tiempo; nos devolvieron promesas rotas”, afirmaron.

Uno de los aspectos centrales del reclamo apunta a las condiciones laborales observadas en distintos yacimientos operados actualmente por empresas adjudicatarias de las áreas petroleras.

Desde la UOCRA denunciaron que tareas históricamente realizadas por trabajadores de la construcción están siendo ejecutadas bajo otros convenios colectivos y por personal encuadrado en actividades diferentes, situación que consideran una vulneración de derechos laborales y sindicales.

Asimismo, señalaron haber presentado denuncias e informes ante el Ministerio de Trabajo provincial sin obtener respuestas satisfactorias.

“El diálogo se convirtió en un laberinto de dilaciones sin soluciones reales”, cuestionaron.

La organización también distribuyó responsabilidades políticas entre distintos actores. En primer término, apuntó contra el Gobierno Nacional por las políticas económicas y laborales que, según sostienen, promueven la flexibilización del empleo y debilitan los derechos conquistados por los trabajadores.

En segundo lugar, responsabilizó al Gobierno de Santa Cruz por no haber generado mecanismos efectivos para garantizar la reincorporación laboral de quienes perdieron sus puestos tras la salida de YPF.

Además, cuestionaron a las operadoras privadas por no incorporar mano de obra local y por excluir a trabajadores de la construcción de actividades que históricamente desarrolló el sector.

Frente a este escenario, la UOCRA anunció formalmente el inicio de medidas de fuerza y acciones gremiales en toda la Zona Norte.

“No salimos a la calle por capricho. Salimos a defender el derecho constitucional al trabajo. No bloqueamos el desarrollo de la provincia; exigimos ser parte de él”, remarcaron.

Uno de los tramos más significativos del discurso estuvo dirigido a la dirigencia política santacruceña en su conjunto. El gremio convocó al gobernador Claudio Vidal, al intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y al dirigente político Jairo Guzmán a dejar de lado las diferencias partidarias para construir una agenda común enfocada en la generación de empleo.

“La política debe dejar de mirar las encuestas y empezar a mirar las heladeras vacías de la Zona Norte”, expresaron.

La organización reclamó que oficialismo y oposición prioricen las necesidades urgentes de las familias trabajadoras por encima de las disputas electorales.

Finalmente, la conducción sindical ratificó que continuará con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas que permitan recuperar los puestos laborales perdidos.

“No queremos subsidios ni asistencia permanente. Queremos trabajo. Queremos volver a ganarnos el pan con el esfuerzo de todos los días. La UOCRA no se arrodilla. Vamos a mantener las medidas de fuerza hasta que el último compañero despedido vuelva a vestir su mameluco y recupere el salario digno que merece”, concluyeron.

El conflicto vuelve a instalar en el centro del debate provincial la situación laboral de la Zona Norte y el desafío de reactivar una economía regional profundamente golpeada por la caída de la actividad hidrocarburífera y la falta de nuevas inversiones que permitan recuperar el empleo perdido.

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